Hay un empecinamiento absurdo por parte de dirigentes de la Iglesia Católica en desmentir las cifras de abuso sexual infantil que se vierten en los medios o en informes, ya sea por parte de entidades estatales o de despachos privados de abogados, y esto esconde tras de sí una intención: restar veracidad a las mismas y evitar que esta suma de daños se vuelva contra sus arcas.

La pederastia en la Iglesia Católica no son cifras, ¡es dolor!, el de muchas víctimas que deambulan por Diócesis, supuestos “servicios de atención a víctimas de abuso” (SAVA), asociaciones disociadas de sus miembros, y juzgados que no las escuchan.

La Iglesia Católica española mira con recelo las cifras de víctimas de abuso aportadas por parte del equipo de investigación del Defensor del Pueblo, que señala más de 440.000 las personas afectadas por la lacra de la pederastia a manos de miembros del cuerpo eclesiástico.

Cuando se aborda un problema de naturaleza social, los números juegan un papel importante a la hora de evaluar el alcance de este y a qué estratos de la sociedad afecta de forma más directa. En los abusos a menores, poner datos numéricos por delante de cada caso que se descubre, denuncia o salta a los medios, es esencial, pues su magnitud y alcance sirven para detectar otros casos y analizar qué nivel de alarma social generan.

 
 

Pederastia en la Iglesia Católica: ¿Es encubridora de abusos?

 

La cuestión de si la Iglesia Católica en España encubre los abusos sexuales a menores, es compleja y no exenta de controversia, principalmente si se establece un punto de vista sesgado o tendencioso de los datos y los hechos.

Por un lado, se acusa a la Iglesia de falta de transparencia, de no tomar medidas disciplinarias contra los clérigos abusadores y de priorizar la protección de la institución por encima de la justicia para las víctimas.

Pero, por otro lado, la Iglesia niega que exista una política general de encubrimiento, afirma que ha tomado medidas recientes para mejorar la prevención y atención a las víctimas, y señala que no hay pruebas concluyentes de encubrimiento sistemático.

El Código de Derecho Canónico establece sanciones para los clérigos abusadores, y la legislación española tipifica estos abusos como delitos con penas de cárcel.

 
Código de Derecho Canónico
 

Por tanto, no hay una respuesta definitiva sobre si la Iglesia encubre o no, pero sí tiene la obligación moral y legal de proteger a los niños y actuar con transparencia en la gestión de estos casos.

No obstante, cada vez demasiados datos de casos apuntan hacia el encubrimiento de los abusadores y el silenciamiento de las víctimas afectadas, aunque no es una norma general ni se puede aplicar a todos los casos de abuso a menores, es cierto que se dan situaciones en las que hay una intencionalidad oculta tras casos que saltan a los medios de comunicación.

Está claro que la responsabilidad recae en los individuos que cometen los abusos, no en la institución religiosa donde estos operan. Pero también es cierto que la Iglesia como institución debe tomar medidas firmes para prevenir y responder adecuadamente a cualquier abuso.

 
 

¿Se ampara el clérigo que comete abuso en el Código Canónico?

 

Desde una perspectiva legal y ética, es imperativo que cualquier institución, incluida la Iglesia, actúe con transparencia y responsabilidad ante casos de abuso sexual a menores tutelados en centros religiosos o donde estos tienen contacto con ellos por razón de formación académica u otros.

Es cierto que el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica aborda de manera seria y rigurosa la conducta inapropiada de los clérigos, incluidos los casos de abuso a menores.

Si un clérigo comete abuso en el ejercicio de su ministerio, este comportamiento está sujeto a las disposiciones disciplinarias establecidas en el Código Canónico.

Este código reconoce que los curas y religiosas deben comportarse de acuerdo con los más altos estándares éticos y morales, respetando la dignidad y los derechos de las personas a las que sirven. En particular, el abuso sexual a menores por parte de un clérigo puede constituir una violación de los deberes y responsabilidades inherentes a su estado clerical, pero ¿es perseguido con la contundencia que estos casos merecen?.

Las disposiciones del Código Canónico incluyen medidas disciplinarias que pueden aplicarse en casos de abuso, como la imposición de penas canónicas, la suspensión del ejercicio del ministerio o incluso la remoción del estado clerical en casos graves.

La Iglesia tiene el deber de proteger a los menores que tutela o educa y promover un ambiente seguro y respetuoso dentro de su comunidad, actuando de manera justa y transparente frente a conductas indebidas por parte de sus miembros.

Pero la falta de transparencia y la percepción de encubrimiento por parte de la Iglesia pueden minar la confianza pública y socavar los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación.

En este contexto, la Iglesia debe asumir una postura proactiva en la prevención, detección y tratamiento de los abusos, colaborando plenamente con las autoridades civiles y garantizando la cooperación plena con la justicia.

La protección de la institución no debe primar sobre el derecho a la justicia y la integridad de las víctimas, pues solo a través de un compromiso firme con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por los derechos humanos es posible avanzar hacia un verdadero cambio y reparación en este delicado y sensible problema.

 
 

¿Cómo abordan las víctimas el abuso sufrido?

 

Es evidente que ninguna víctima se posiciona del lado de quien ha abusado en una o varias ocasiones de él o ella, pues no solo el recuerdo de los hechos es perturbador y causante de su silencio, sino que la vergüenza social que estas sufren en el caso de hacerse público, revive con más crudeza todo ese sufrimiento pasado, en un bucle que parece no tener fin.

Cualquier víctima enfrenta un camino complejo y emocionalmente exigente para abordar su experiencia, para el cual nadie está preparado. Muchos optan por denunciar formalmente los abusos ante las autoridades eclesiásticas, buscando justicia y reparación, pensando que es el camino acertado, hasta que topan con un muro de silencio.

Otras víctimas optan por denunciar en la vía civil ordinaria, muchas veces desconociendo las implicaciones legales de los hechos y posiblemente la mayoría frente al precipicio de la prescripción de los hechos denunciados.

Denunciar, sea en la instancia que sea, implica relatar detalladamente lo ocurrido y enfrentar los desafíos legales y emocionales que surgen al confrontar el trauma pasado.

Paralelamente, buscar apoyo emocional es otra de las misiones imposibles a las que se enfrenta la víctima, que busca primero en sus allegados y familiares el refugio emocional que necesita para revivir los hechos en un entorno seguro, aunque no siempre este apoyo existe, sobre todo en los casos de abuso en el ámbito familiar.

Para una víctima es crucial este apoyo, ya que le permite procesar y sanar las heridas interiores causadas por el abuso.

En otra gran mayoría de situaciones, una víctima busca apoyo en las asociaciones de víctimas existentes, a nivel local, regional o nacional, y se une a alguna de ellas con la esperanza de encontrar el apoyo que busca, tanto para despejar muchas de sus dudas al respecto de los pasos que está a punto de dar, antes de denunciar, como de los apoyos o ayudas legales que esta podrá encontrar amparándose en la asociación de turno.

Lamentablemente en muchos casos no sucede así, y son muchas las personas que tras haber buscado refugio emocional en una asociación, después de haber narrado lo vivido cuando sufrió el abuso, y posiblemente habiendo dado pasos hacia adelante para llevar su caso a los juzgados o enfocado hacia un proceso canónico, se dan cuenta de que están, de nuevo, solas, sin amparo emocional ni legal, tampoco de la asociación a la que se entregaron en cuerpo y alma.

Otras víctimas son invitadas a participar de grupos de apoyo, y unirse a otras personas que han pasado por experiencias similares, fortaleciendo así su proceso de recuperación.

Algunas víctimas también optan por buscar asesoramiento legal para entender sus opciones legales y determinar cómo proceder contra el perpetrador y la institución responsable.

Además, algunas víctimas eligen compartir públicamente su experiencia con el propósito de crear conciencia sobre el abuso y abogar por cambios en las políticas y prácticas que protejan a los más vulnerables.

El camino de las víctimas de abuso en el ámbito de la Iglesia Católica implica enfrentar desafíos legales, emocionales y personales mientras buscan justicia, sanación y cambio, o al menos un poco de paz interior.

 
 

¿De quién es la responsabilidad?

 

¿No asume un arquitecto, con su aparejador y cuadro técnico, las responsabilidades legales a que haya lugar si un edificio de su construcción o promoción sufre desperfectos o se derrumba, por deficiente construcción, y causa víctimas?

¿No debería asumir la iglesia sus responsabilidades frente a las víctimas causadas por conductas indebidas por parte de sus miembros, en lugar de dejarlas a su suerte, como cadáveres por el camino?

No es responsabilidad solo de las víctimas el buscar justicia y reparación por el daño infligido, es la propia Iglesia Católica quien debe revestir de honestidad su forma de proceder para que la confianza no decaiga y con ella la imagen que esta tiene frente a sus fieles y la sociedad en general.

Tampoco las asociaciones o colectivos en pro de las víctimas son la solución al problema, todo lo contrario, en determinados casos se acaban convirtiendo en cuellos de botella entre los afectados y la reparación. Son muchos los que abandonan la idea de obtener justicia después de meses o años de desgaste, mal aconsejados o ninguneados sin causa justificada.

Actualmente en España hay muchas asociaciones de víctimas de abuso infantil que aglutinan a personas bajo su asociación, con o sin cuota, pero no todas ellas aportan apoyo, asesoría legal y terapéutica a quienes se lo solicitan, y eso debería cambiar. ¿No son las asociaciones un paraguas común para una causa determinada?

Queda mucho camino por recorrer para que más de 440.00 víctimas de abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia Católica, “estimadas” en España, encuentren justicia y reparación y que la iglesia en su conjunto, su cúpula directiva y los responsables políticos del país tomen las riendas en este asunto, para cerrar heridas que causan mucho dolor.

La pederastia en la Iglesia Católica sigue siendo un tema “tabú”, que levanta ampollas de sangre, del que no todo el mundo se atreve a hablar, aunque hay personas que hablan del abuso sexual infantil en el ámbito eclesiástico y dan voz a las víctimas para que al menos puedan ser escuchadas. 🙌

 
 

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