Que el abuso a menores existe en todos los ámbitos es innegable y hay que reconocer que no hay un escenario específico. En todos ellos los menores deben estar protegidos y contar con los medios necesarios para salvaguardar su integridad física.

Sin embargo, los escándalos de abusos en la Iglesia, que han salido a la luz en las últimas décadas, evidencian un problema sistémico de encubrimiento y protección a los abusadores por parte de la Iglesia Católica.

Por el otro lado, están las víctimas, que siempre son ignoradas, y se les llega a presionar para que guarden silencio, abandonándolas a su suerte.

En este artículo analizo cómo la Iglesia Católica ha optado históricamente por proteger a los perpetradores de abusos en lugar de a las víctimas, trasladando a los curas abusadores en vez de removerlos de sus cargos, ocultando pruebas, y anteponiendo la reputación de la institución al bienestar de los afectados.

Exploro también la indiferencia hacia el daño emocional de las víctimas, las presiones para que no denuncien, y la falta de apoyo que existe por parte de instituciones e incluso de colectivos sociales afines a este perfil de víctimas.

 

La magnitud de los abusos en la Iglesia

 

Los casos de abusos sexuales en la Iglesia Católica que han sido publicados en diferentes medios de comunicación, en todo el mundo, son solo la punta del iceberg de un problema sistémico que involucra a cientos de miles de víctimas.

No hay cifras disponibles que permitan conocer el verdadero alcance del abuso a menores por parte de clérigos y religiosas; sin embargo, cada vez son más los países en los que se destapan casos cuyas cifras dan que pensar en un problema que debe ser abordado a nivel global.

Y no solo se dan en el marco de la Iglesia Católica, ya que recientemente se han destapado casos graves de abuso a menores en la Iglesia Evangélica, por citar uno de reciente actualidad.

Según algunos informes de la Iglesia, solo en Estados Unidos se estiman más de 4.400 sacerdotes católicos acusados de abusar sexualmente de aproximadamente 11.000 niños entre 1950 y 2002, aunque otras investigaciones periodísticas elevan la cifra a más de 100.000 víctimas solo en este país.

En Australia se estiman entre 4,000 y 7,000 víctimas de abuso entre 1980 y 2015.

Algunas organizaciones calculan que solo en Francia puede haber hasta 300,000 víctimas desde 1950.

En total, agrupando datos de diferentes países, algunas proyecciones hablan de que habría entre 500,000 y más de 1 millón de víctimas en el mundo. Pero no existen cifras globales confiables, ya que no hay un organismo común que se haya encargado hasta ahora de analizar y cruzar estos datos, algo que debería ser necesario dado el volumen de casos y el alcance global que estos tienen.

La magnitud real del problema es difícil de cuantificar dado que muchos casos no son denunciados. Lo que está claro es que se trata de un problema sistémico grave dentro de la Iglesia Católica, y otras confesiones, con un enorme número de víctimas en todo el mundo.

Uno de los casos más notorios por la cantidad de víctimas es el de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, quien habría abusado de al menos 60 menores de edad (reconocidos) aunque las cifras reales quizás nunca se lleguen a conocer.

 

Marcial Maciel con menores
Creador: Alessia Giuliani 
Copyright: © Catholic Press Photo

Marcial Maciel con menores
Creador: Alessia Giuliani
Copyright: © Catholic Press Photo


 

Otros casos que han trascendido internacionalmente son los de las arquidiócesis de Boston, Filadelfia, Chile y Australia, entre muchos otros. La magnitud real de los abusos es imposible de determinar debido al silencio y encubrimiento que ha rodeado este tema por parte de la jerarquía eclesiástica durante décadas.

Los casos destapados por The Boston Globe, conocida como Spotlight, que se iniciaron en 2001, revelaron la magnitud de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos y el encubrimiento sistemático por parte de la jerarquía eclesiástica.

Estos abusos afectaron a miles de menores, causando un profundo daño físico, emocional y espiritual. La falta de trasparencia y la negligencia en la respuesta a estas denuncias por parte de la Iglesia Católica generaron un escándalo a nivel nacional e internacional, y llevaron a demandas legales, investigaciones y un cuestionamiento generalizado de la jerarquía eclesiástica.

 

Arquidiócesis de Boston

Arquidiócesis de Boston


 

Lo que sí queda claro es que se trata de un problema generalizado y sistémico que ha afectado a miles de víctimas por todo el mundo.

En España, el Defensor del Pueblo presentó en 2023 un demoledor informe sobre los abusos en el seno de la Iglesia Católica española.

Este informe aborda la problemática de los abusos sexuales a menores cometidos por miembros de la Iglesia Católica en el país, destacando la presunta falta de colaboración por parte de algunas Diócesis y la Conferencia Episcopal española en la investigación de estos casos, así como la negación de la existencia de víctimas por parte de ciertos miembros de la jerarquía eclesiástica.

Se estima que en España se podrían contabilizar más de 440,000 casos de abuso sexual infantil perpetrados por religiosos, la mayoría de los cuales habrían prescrito, lo que dificulta su enjuiciamiento. El informe también señala la falta de voluntad política para abordar esta problemática y destaca la importancia de aplicar la justicia civil y de reparación en estos casos.

El Defensor del Pueblo alertó de la “dimensión de una realidad silenciada durante demasiado tiempo” y urgió a la Conferencia Episcopal Española a implementar medidas para prevenir y detectar casos, asistir a las víctimas, e informar de manera trasparente sobre los abusos.

 

El Defensor del Pueblo entrega al cardenal Omella el informe sobre abusos sexuales en la Iglesia Católica en España

El Defensor del Pueblo entrega al cardenal Omella el informe sobre abusos sexuales en la Iglesia Católica en España


 

El informe evidencia que también en España los abusos en la Iglesia alcanzaron una escala alarmante, en paralelo a la situación en otros países.

 

Actitud de encubrimiento y protección a abusadores

 

Uno de los aspectos más preocupantes que han quedado al descubierto con los casos de abusos sexuales en la Iglesia es la existencia de una cultura sistémica de encubrimiento y protección hacia los perpetradores por parte de la jerarquía eclesiástica.

En lugar de apartar a los sacerdotes acusados de abusos y entregarlos a la justicia civil, era una práctica común trasladarlos a otras parroquias o diócesis donde pudieran seguir teniendo acceso a posibles víctimas.

Esta práctica ha sido muy común en todos los países donde se han dado casos de abuso a menores por parte de curas o religiosas, enviándolos a misiones en América Latina u otros países de Europa, África u Oceanía.

Otra práctica documentada fue la destrucción y ocultamiento de pruebas incriminatorias por parte de altos funcionarios de la Iglesia. El encubrimiento buscaba ante todo proteger la reputación de la institución y evitar el escándalo público, en desmedro de la seguridad de los fieles y el castigo a los culpables.

Estas actitudes demuestran que para la jerarquía eclesiástica la prioridad era amparar a los perpetradores y perpetuar el silencio cómplice, no ayudar a las víctimas ni administrar justicia. Una postura reñida con los valores religiosos que dicen profesar.

 

Traslados en lugar de sanciones

 

Cuando los casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes salían a la luz, la respuesta estándar de los obispos y superiores eclesiásticos era simplemente trasladar al acusado a una nueva parroquia o diócesis.

Esta práctica permitía alejar al sacerdote del escándalo público a la vez que le daba una oportunidad de seguir ejerciendo su ministerio en otro lugar, con acceso a nuevos grupos de potenciales víctimas.

Uno de los ejemplos más notorios fue el del sacerdote John Geoghan, trasladado por el Cardenal Bernard Law de parroquia en parroquia a lo largo de 30 años, pese a las constantes acusaciones de abusos que se acumulaban en su contra. Lo mismo ocurrió con muchos otros sacerdotes seriales como James Porter, Paul Shanley, Oliver O’Grady y Marcial Maciel, movidos de un lugar a otro en lugar de ser removidos.

En España, el caso del sacerdote jesuita español, Alfonso Pedraja es un ejemplo claro de esta práctica; el cual acabó en Bolivia llegando a cometer abusos a 85 menores, que se haya podido documentar o que él mismo reconociese a través de su diario secreto, que en su día entregó su sobrino a las autoridades para no convertirse en encubridor, como sí hizo la Iglesia y quienes durante décadas estaban al corriente de sus prácticas.

En la mayoría de casos, los traslados formaban parte de un sistema destinado a encubrir los crímenes, proteger la imagen pública de la Iglesia y evitar responsabilidades legales.

Con ellos permitían que los abusadores continuaran sus actividades pastorales, en vez de enfrentar una investigación trasparente, un juicio justo y una sanción apropiada. Las trasferencias fueron una práctica generalizada que prolongó el daño a miles de víctimas y que recién ahora está saliendo a la luz.

Otro caso notorio en España fue el del sacerdote José Manuel Ramos Gordón, perteneciente a la diócesis de Tui-Vigo. En 2002 fue enviado por sus superiores a una parroquia en Bolivia tras las primeras denuncias de abusos sexuales a menores en territorio español.

 

El sacerdote José Manuel Ramos Gordón

El sacerdote José Manuel Ramos Gordón


 

Ya en Bolivia, Ramos Gordón continúo abusando de niños vulnerables en el orfanato donde ejercía su ministerio pastoral. Recién en 2007, luego de nuevas denuncias, el sacerdote fue finalmente destituido de sus funciones por el obispo de Tui-Vigo y regresó a España.

Sin embargo, en 2010 la justicia boliviana reabrió el caso y solicitó su extradición para juzgarlo en ese país, al comprobarse que la diócesis española había ocultado los abusos cometidos previamente en España antes de trasladarlo a Bolivia. Finalmente, en 2019, Ramos Gordón fue condenado a 30 años de prisión en Bolivia por los reiterados abusos contra menores en el orfanato.

Este caso, y otros, ilustran cómo los traslados a otros países fueron utilizados también por la jerarquía eclesiástica española para proteger a sacerdotes acusados y evitar así su juzgamiento y sanción legal en España.

 

El daño emocional de las víctimas de pederastia

 

La Iglesia Católica ha enfrentado el daño emocional sufrido por las víctimas de abusos por curas y religiosas a través de diversas acciones a lo largo del tiempo.

En 2002, el Papa Juan Pablo II emitió una carta dirigida a los católicos de Estados Unidos, reconociendo el sufrimiento de las víctimas y condenando enérgicamente la pederastia.

Posteriormente, Benedicto XVI también condenó estos abusos y tomó medidas disciplinarias contra los sacerdotes culpables. Sin embargo, se criticó que estas medidas no fueron suficientes y que, en algunos casos, figuras relevantes de la iglesia fueron encubiertas a pesar de ser conocedores de los abusos (caso Marcial Maciel).

El Papa Francisco ha mantenido una postura intolerante frente a la pederastia y ha promulgado una nueva normativa para la Iglesia Católica que establece una política de tolerancia cero para cualquier forma de abuso sexual, así como medidas disciplinarias para los sacerdotes y otros miembros del clero acusados de abuso.

También ha propuesto la creación de normas jurídicas que prohíban la adquisición, retención o divulgación de material pornográfico, así como la protección de menores en el mundo digital.

A pesar de estos esfuerzos, se ha criticado que la Iglesia no ha reconocido adecuadamente el sufrimiento de las víctimas ni ha tomado medidas suficientes para asegurar que los culpables expíen sus culpas y sean apartados del ministerio eclesial.

Actualmente hay nulos esfuerzos por parte de la Conferencia Episcopal española y de otros países, así como de sus diócesis para colaborar aportado cifras de casos de abusos que tengan documentandos y aquellos que hayan acabado en procesos canónicos, silenciando las cifras y maquillándolas de cara a la opinión pública.

Sigue pesado más la necesidad de silenciar y salvaguardar la imagen de la institución religiosa que el dar apoyo a las victimas que necesitan reparación y reconocimiento del daño sufrido para poder continuar con sus vidas de la mejor forma posible.

 

Luchar contra la pederastia silenciosa

 

La lucha contra el abuso sexual infantil es una prioridad que necesita acciones concretas y en este contexto, la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo tomó medidas significativas en noviembre pasado al aprobar un informe para prevenir estos crímenes atroces.

Este logro legislativo busca proteger a menores dentro del mundo digital sin comprometer derechos fundamentales. En este sentido, los legisladores han sido claros: se rechaza cualquier forma de vigilancia masiva o escaneo incontrolado en línea y no apoyarán debilitar las medidas de seguridad como los cifrados utilizados en aplicaciones privadas.

Los proveedores digitales deben identificar peligros potenciales relacionados con sus servicios e implementar mecanismos adecuados para contrarrestarlos.

El reglamento propuesto ofrece múltiples opciones de mitigación entre las cuales pueden elegir dichos proveedores; esto permite adaptabilidad según contextos particulares y riesgos asociados específicamente al uso facilitado por ellos mismos, garantizando así mayor seguridad a niños y adolescentes frente a posibles agresiones sexuales silenciosas en redes sociales e Internet de forma general.

 

No basta con palabras, se requiere un cambio real

 

Es hora de que la Iglesia reconozca su responsabilidad y emprenda cambios profundos para prevenir futuros abusos y resarcir a las víctimas.

 

El Papa Francisco reunido con obispos orando
Copyright: © Vaticano - Reuters

El Papa Francisco reunido con obispos orando
Copyright: © Vaticano – Reuters


 

Para frenar la pederastia en la Iglesia Católica, el Papa Francisco debe tomar acciones ejemplarizantes que envíen un mensaje inequívoco de que tales crímenes ya no serán tolerados ni encubiertos.

Roma debe implementar una política de cero tolerancia hacia el abuso sexual, expulsando inmediatamente del sacerdocio a cualquier sacerdote encontrado culpable.

Asimismo, debe cooperar plenamente con las autoridades civiles, denunciando a los abusadores y publicando los nombres de sacerdotes acusados mientras se investiga. Estas medidas aumentarían la trasparencia y rendición de cuentas.

Es crucial que el Papa se reúna personalmente con víctimas, escuche sus testimonios y ofrezca disculpas públicas en nombre de la Iglesia. También debe compensar a las víctimas y pagar por su rehabilitación, demostrando compasión real y un compromiso con la justicia, más allá de las meras formas.

Trasferir a obispos cómplices y ordenar auditorías independientes en todas las diócesis para determinar la prevalencia de abusos servirían como medidas ejemplarizantes para quienes siguen blanqueando a curas pederastas desde sus arquidiócesis, sin importar lo que las víctimas tengan que decir al respecto.

Adicionalmente, se deberían tomar medidas para prevenir abusos futuros, como implementar formación obligatoria en ética y límites para todo el clero, y modificar las normas que requerían confidencialidad en casos de abuso.

La reparación no consiste únicamente en cuantificar el coste económico que ha supuesto para cada víctima tener que someterse a tratamientos y terapias para superar este dolor, debe existir perdón público por parte de la institución, sobre todo si esta quiere conservar su credibilidad.